Nuevas facultades de la Guardia Nacional en carreteras generan quejas de transportistas por extorsión

LA ANTAC plantea definir protocolos de revisión públicos y habilitar mecanismos de denuncia que sí funcionen para evitar abusos

Salamanca, Gto.- La reforma que otorgó a la Guardia Nacional funciones de tránsito en carreteras federales ya tiene efectos adversos para el sector transporte. David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista A.C. (ANTAC), aseguró que a tres semanas de su entrada en vigor se registra un incremento en casos de hostigamiento y presuntas extorsiones contra operadores.

De acuerdo al representante de la ANTAC, empresas afiliadas y choferes han presentado más de cinco denuncias en los últimos meses por prácticas irregulares durante revisiones en vías federales. El dirigente advirtió que el fenómeno compromete la certeza jurídica y entorpece el libre traslado de mercancías.

En este contexto, explicó que desde que la Guardia Nacional absorbió las tareas de policía carretera, los reportes incluyen inspecciones sin apego a procedimiento, retenciones injustificadas y exigencias de dinero a cambio de no sancionar.

“Con las nuevas atribuciones esperábamos mayor seguridad, no más hostigamiento. Los compañeros denuncian que los paran sin motivo, les buscan cualquier detalle y luego viene el intento de extorsión; en los últimos meses llevamos más de cinco casos documentados”, declaró.

Para la ANTAC, las detenciones arbitrarias elevan los costos de operación y exponen a los conductores. Los incidentes señalados se concentran en el corredor industrial del Bajío, así como en tramos del centro y norte del país, ejes fundamentales para la logística nacional.

“Cada minuto que un camión está detenido de forma injustificada cuesta, pero lo más grave es que se normalice el moche para poder circular; eso no combate la inseguridad, la alimenta”, sostuvo.

Frente al panorama, la asociación exigió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional mayor supervisión sobre el personal desplegado. Planteó definir protocolos de revisión públicos, habilitar mecanismos de denuncia que sí funcionen y difundir con precisión los límites de las nuevas facultades para evitar abusos.