De acuerdo con el SESNSP, marzo concentró el mayor número de casos; colectivos advierten subregistro por temor a denunciar
Salamanca, Gto.- De enero a agosto de este año, el municipio de Salamanca ha acumulado 35 denuncias formales por privación ilegal de la libertad y una por secuestro extorsivo, situación que mantiene en preocupación y zozobra a la población, ante los casos que se han hecho públicos y aquellos que, por temor, no se denuncian.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), marzo fue el mes con mayor incidencia, con nueve carpetas de investigación abiertas por privación ilegal de la libertad, mientras que en febrero se registró además una denuncia por secuestro extorsivo.
El último hecho dado a conocer ocurrió el pasado jueves 1 de octubre, cuando un joven estudiante del CONALEP plantel Salamanca fue presuntamente privado de la libertad luego de salir de clases, mientras esperaba el transporte público en las inmediaciones del plantel.
Sin embargo, para ciudadanos y madres buscadoras, la cifra oficial podría ser mayor. Señalaron que a través de redes sociales se difunden constantemente reportes de personas que fueron privadas de la libertad y que, en algunos casos, posteriormente regresaron a sus hogares, sin que se conozcan las circunstancias.
“Tan solo lo vemos en las redes sociales, en ocasiones son dos o tres en un solo punto, tal vez algunos y, gracias a Dios, hayan regresado salvos a su casa; no sabemos si con algún rescate o cómo, pero hay otros tantos que todavía no han sido localizados, tan solo nuestros hijos”, expresaron integrantes de colectivos.
Ante este panorama, ciudadanos manifestaron temor e incertidumbre incluso al realizar actividades cotidianas, al desconocer en qué momento podrían ser víctimas de un delito de esta naturaleza.
El repunte de estos hechos ha generado llamados a reforzar la vigilancia en puntos de alta afluencia, como paraderos de transporte público, zonas escolares y accesos a centros de trabajo, así como a fortalecer los mecanismos de denuncia anónima y acompañamiento a víctimas y familiares.