Busca condonación desde hace tres años para conjuntos habitacionales y oficinas administrativas; solo instalaciones operativas de la refinería están exentas
Salamanca, Gto.- Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene un adeudo de casi dos millones de pesos con el municipio de Salamanca por concepto del pago del impuesto predial correspondiente a conjuntos habitacionales y oficinas administrativas, rubro que la empresa federal ha buscado que le sea condonado desde hace dos años mediante un recurso legal.
Prmex interpuso un medio de defensa para evitar el pago, argumentando exención fiscal por tratarse de una empresa productiva del Estado. Sin embargo, la autoridad municipal determinó que la exención no aplica para este tipo de inmuebles.
Al respecto, el área jurídica y de Catastro e Impuesto Predial explicaron que, conforme a la Ley y a los criterios fiscales vigentes, las únicas instalaciones exentas de este pago son las propias de la refinería en su parte operativa, es decir, aquellas directamente vinculadas con los procesos de producción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
En ese sentido, los conjuntos habitacionales, casas de empleados, centros recreativos y oficinas administrativas que Pemex posee en el municipio, al tener un uso social y administrativo y no operativo, sí están obligados al pago del impuesto predial, como cualquier otro contribuyente.
Pese a ello, desde 2023 la empresa ha promovido recursos legales en busca de la condonación, sin cubrir el adeudo que al corte de 2025 ya asciende a casi dos millones de pesos, monto que incluye rezago y recargos.
Ante ello, el municipio ha respondido conforme a derecho a cada uno de los recursos presentados por Pemex, sosteniendo que no procede la condonación solicitada, ya que no existe fundamento legal que exima a la paraestatal del pago por inmuebles de carácter habitacional y administrativo.
De resolverse el juicio en favor del municipio, como ha ocurrido en casos similares en otras entidades donde Pemex ha pretendido la misma exención, la empresa deberá cubrir el total del adeudo.
El caso se suma a otros pendientes que la empresa mantiene con municipios donde cuenta con infraestructura no operativa, en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la exención fiscal solo aplica a los bienes del dominio público vinculados directamente con la actividad sustantiva de la empresa, no a los de uso administrativo o habitacional.