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Salamanca Guanajuato.- El sector comercial de Salamanca enfrenta un panorama cada vez más complicado ante el temor de sufrir extorsiones y amenazas por parte de presuntos integrantes del crimen organizado. Para algunos comerciantes, mantener abiertos sus establecimientos se ha convertido en un riesgo que los lleva a tomar una decisión difícil, abandonar el patrimonio que construyeron durante años para proteger su integridad y la de sus familias.
Las cortinas abajo de distintos establecimientos reflejan una problemática que no solamente afecta los ingresos de sus propietarios, sino que también evidencia las consecuencias de la inseguridad sobre la actividad económica del municipio.
El llamado cobro de piso se ha convertido en una preocupación constante para quienes dependen de pequeños y medianos negocios. Las exigencias económicas, acompañadas en ocasiones de intimidaciones y amenazas, colocan a los comerciantes en una situación en la que continuar trabajando puede significar exponerse a posibles represalias.
Durante agosto de 2026, representantes del sector empresarial dieron a conocer que aproximadamente 55 establecimientos habían cerrado sus puertas en Salamanca durante ese año, presuntamente a consecuencia de las extorsiones y el cobro de piso.
Entre los giros afectados se encuentran panaderías, tortillerías, carnicerías, comercios del primer cuadro de la ciudad y otros establecimientos que forman parte de la economía cotidiana de las familias salmantinas.
Ante este escenario, algunos propietarios han optado por suspender definitivamente sus actividades, mientras que otros buscan alternativas para continuar trabajando, como las ventas por internet o modalidades que les permitan reducir la exposición de sus trabajadores y clientes.
El temor a denunciar mantiene oculto el verdadero alcance del problema. A la problemática económica se suma una realidad todavía más preocupante: el silencio de las víctimas.
Aunque comerciantes y empresarios pueden enfrentar amenazas, intimidaciones y exigencias de dinero, muchos prefieren no acudir ante las autoridades por miedo a que los responsables descubran que proporcionaron información o solicitaron ayuda.
La posibilidad de sufrir represalias, las amenazas contra sus seres queridos y la desconfianza sobre las garantías de protección son factores que influyen para que algunos afectados opten por no denunciar.
Para quienes viven esta situación, cerrar un negocio o modificar su forma de trabajar puede parecer una alternativa menos peligrosa que iniciar un procedimiento legal que, desde su perspectiva, podría incrementar los riesgos.
Esta falta de denuncias también dificulta conocer la magnitud real de las extorsiones, debido a que numerosos casos permanecen fuera de los registros oficiales.
De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación en septiembre de 2026, entre enero y agosto de ese año se habían iniciado 142 carpetas de investigación por extorsión en Salamanca, contemplando distintas modalidades, entre ellas amenazas presenciales, por otros medios y en grado de tentativa.
Sin embargo, los registros de las autoridades solamente permiten conocer los casos que llegan a las instancias correspondientes, por lo que el número de personas afectadas podría ser mayor.
La extorsión también golpea a trabajadores y familias. El cierre de un establecimiento representa mucho más que la pérdida de un negocio. Detrás de cada cortina que deja de levantarse existen empleos que desaparecen, proveedores que pierden una fuente de ingresos y familias que enfrentan dificultades para mantener su estabilidad económica.
La incertidumbre también alcanza a quienes continúan operando, pues el temor de recibir una llamada, un mensaje o una visita para exigirles dinero se convierte en una preocupación que condiciona sus actividades.
Este ambiente de inseguridad puede frenar nuevos proyectos, desalentar las inversiones y provocar que comerciantes con años de trayectoria consideren abandonar Salamanca o cambiar de actividad para evitar convertirse en víctimas.
En este contexto, uno de los principales desafíos para las autoridades consiste en fortalecer los mecanismos de atención a las víctimas, garantizar la confidencialidad de las denuncias y ofrecer protección efectiva a quienes decidan señalar a sus agresores.
Combatir la extorsión no solamente implica investigar y detener a los responsables, sino también recuperar la confianza de una ciudadanía que, en muchos casos, considera que denunciar puede representar un peligro adicional.
Mientras los comerciantes enfrentan la disyuntiva entre continuar trabajando o proteger su seguridad, Salamanca resiente las consecuencias de un delito que amenaza el patrimonio familiar, debilita la economía local y transforma la tranquilidad de quienes únicamente buscan ganarse la vida honradamente.
Las cortinas cerradas son el reflejo de una problemática que no siempre se denuncia, pero que deja consecuencias visibles en las calles y en la vida de cientos de familias salmantinas.
