Continúa procedimiento jurídico-administrativo abierto tras denuncia ciudadana en colonia 18 de Marzo
Salamanca, Gto.- La planta asfaltadora municipal de Salamanca deberá cumplir con la normatividad ambiental y acreditar los permisos y medidas de mitigación correspondientes antes de volver a operar, informó la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), Karina Padilla Ávila.
La funcionaria estatal indicó que el procedimiento jurídico-administrativo iniciado tras la denuncia ciudadana continúa en etapa de seguimiento, mientras el Ayuntamiento mantiene el proyecto para trasladar la instalación a otro punto del municipio.
La planta, ubicada en la colonia 18 de Marzo, permanece fuera de operación desde finales de abril, luego de las inconformidades de vecinos por humo, polvo, olores y ruido, y de las inspecciones realizadas por la autoridad ambiental.
Padilla Ávila explicó que la PAOT emitió una recomendación al Ayuntamiento de Salamanca para que la actividad se sujete a las disposiciones aplicables en materia ambiental.
“Nosotros emitimos una recomendación al Ayuntamiento en donde, de igual manera, este tipo de actividad debe de cumplir con la normatividad ambiental y eso es lo que le estábamos también diciendo en esta recomendación: que cumpla con la normatividad”, señaló.
La procuradora ambiental precisó que las inspecciones derivaron en tres recomendaciones relacionadas con emisiones a la atmósfera, impacto ambiental y manejo de residuos.
Entre las observaciones detectadas, dijo, se encuentra la falta de Licencia Ambiental de Funcionamiento, además de deficiencias en la documentación y manejo de residuos, almacenamiento de combustible, ruido y otros aspectos vinculados a la operación.
“Este tipo de actividad debe cumplir con todos los permisos y medidas de mitigación correspondientes para no afectar la calidad del aire y la salud de la población. Al recibir una denuncia ciudadana nosotros realizamos la inspección y abrimos un procedimiento jurídico-administrativo”, explicó Karina Padilla Ávila.
Añadió que las medidas tienen como propósito garantizar el cumplimiento ambiental de la actividad y la protección del derecho de la población a un medio ambiente sano.
