Otorgarán 4 mil pesos mensuales sin atender adicciones
Salamanca, Gto.- En lugar de ampliar servicios de desintoxicación y rehabilitación para jóvenes con problemas de adicciones, el Gobierno Federal encauzó el programa “Jóvenes Unen al Barrio”, que otorga un estímulo económico de 4 mil pesos mensuales a cambio de realizar actividades comunitarias; este esquema ha sido cuestionado por especialistas al considerar que sustituye la atención médica por transferencias directas a un año del proceso electoral intermedio de 2027.
El programa, anunciado como una estrategia de prevención y reconstrucción del tejido social, plantea que jóvenes con problemas de adicción o en situación de riesgo participen en labores de limpieza, cultura, deporte y recuperación de espacios públicos. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en salud mental advierten que el esquema no contempla diagnóstico, tratamiento ni seguimiento clínico para quienes enfrentan consumo problemático de sustancias.
“Dar dinero sin garantizar acceso a servicios de salud es evadir la responsabilidad del Estado. Un joven con adicción necesita un proceso médico, psicológico y social, no solo una beca para barrer calles”, señaló un especialista en adicciones consultado, quien pidió no ser citado por temor a represalias laborales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), la edad de inicio en el consumo ha bajado y la oferta de centros públicos de tratamiento es insuficiente. En ese contexto, el programa ha sido calificado como “asistencialismo electoral” por legisladores de oposición, quienes cuestionan que se priorice la entrega de recursos sobre la creación de infraestructura y personal especializado en desintoxicación.
“La temporalidad levanta sospechas. Estamos a meses de que arranque formalmente el proceso electoral de 2027. Dar 4 mil pesos mensuales a jóvenes sin un componente terapéutico real parece más una estrategia de cooptación que una política de salud pública”, afirmó un diputado federal de oposición.
Aunque el Gobierno Federal defiende que “Jóvenes Unen al Barrio” busca alejar a la juventud de contextos de violencia mediante la participación comunitaria, el programa no detalla protocolos de atención para consumidores, convenios con centros de rehabilitación, ni indicadores para medir reducción de adicciones. Tampoco aclara qué ocurre con los beneficiarios que, durante las actividades, presenten intoxicación o síndrome de abstinencia.
Organizaciones de familiares de personas con adicciones han reclamado que el presupuesto asignado a transferencias podría destinarse a ampliar camas en centros de atención primaria, contratar psiquiatras y garantizar abasto de medicamentos para tratamientos. “Nos piden que aplaudamos que les den dinero, pero cuando hay una crisis, cuando necesitan desintoxicación urgente, no hay a dónde llevarlos. Eso no es atender el problema de fondo”, dijo una madre de familia integrante de un colectivo en Guanajuato.