Piden alas autoridades establecer medidas que garanticen su seguridad
Salamanca, Gto.- El asesinato de Patricia Acosta y su hija Kattia, integrantes del colectivo de búsqueda en Salamanca, incrementó el miedo entre madres buscadoras de la ciudad, quienes enfrentan agresiones, desapariciones y homicidios por la labor que realizan para localizar a sus familiares.
Alma Tapia, vocera del Colectivo, señaló que el homicidio ocurrido el pasado 9 de mayo ha generado consternación y temor al interior del grupo, al grado que a varias integrantes se les ha prohibido asistir a actividades por seguridad. “Buscar a nuestros desaparecidos también se volvió peligroso”, afirmó.
Derivado de agresiones anteriores, muchas madres han dejado de participar en búsquedas en campo y marchas. Tras el crimen de Patricia y Kattia, incluso se propuso cancelar la movilización del domingo pasado para visibilizar a las personas desaparecidas. Sin embargo, un grupo de integrantes decidió salir a las calles para no callar y exigir justicia.
Un caso que marcó al colectivo fue la privación de la libertad de Lorenza Cano, madre buscadora desaparecida en enero de 2024. A dos años y cuatro meses de lo ocurrido, su paradero sigue sin conocerse. El fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que los restos óseos localizados en un pozo en Villagrán fueron descartados como pertenecientes a Lorenza, por lo que su búsqueda continúa.
El caso de Lorenza y ahora el de Patricia evidencian el riesgo que corren quienes buscan a sus familiares en Salamanca y en Guanajuato, una de las entidades donde los colectivos reportan mayor vulnerabilidad ante amenazas, ataques y desapariciones forzadas.
Los colectivos han solicitado medidas de protección a autoridades estatales y federales, pero aseguran que la respuesta ha sido insuficiente. La falta de seguridad, denuncian, las deja expuestas a la violencia, y cada agresión siembra más temor en el grupo.
Pese al riesgo, las madres buscadoras mantienen su exigencia: localizar a sus hijos con vida y poder realizar su labor sin que su propia vida esté en peligro. “El miedo no nos detiene, pero reconocen que cada paso en campo implica un riesgo que no debería existir”, expresó Tapia.
Organizaciones de derechos humanos han documentado que las personas buscadoras enfrentan un contexto de violencia sistemática, por lo que han urgido a implementar protocolos de seguridad, investigaciones con perspectiva de búsqueda y garantías de no repetición para quienes realizan esta labor en el estado.