A través de un comunicado el Gobierno de Salamanca defiende la suspensión por “falta de garantías”
Salamanca, Gto.- A pesar de que el Gobierno Municipal de Salamanca sostuvo que la Dirección de Fiscalización suspendió las actividades del Circo Hermanos Garner, al detectar que “no reunía las garantías necesarias para salvaguardar la integridad de las y los salmantinos”. Testigos y trabajadores del circo acusaron que el operativo para ejecutar la clausura se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, lo que generó temor entre las familias y menores de edad que esperaban ingresar a la función programada.
A través de un comunicado, la administración municipal sostuvo que “proteger la integridad física de las y los ciudadanos es una prioridad absoluta y, por ningún motivo, es negociable”.
Señaló que derivado de la inspección se detectó la falta de servicios de emergencia, dictamen de Protección Civil y seguridad privada, “elementos fundamentales para prevenir riesgos y proteger a las personas asistentes”.
*El otro lado: “Llegaron 10 patrullas con encapuchados”*
En contraste, empleados del circo y asistentes denunciaron que minutos antes de la función estelar arribaron alrededor de 10 unidades de Seguridad Pública con elementos armados y algunos encapuchados, lo que provocó pánico entre los menores presentes.
“Venían familias completas, con niños. Cuando vieron las patrullas y a los policías así, los niños empezaron a llorar. No era un operativo contra delincuentes, era un circo”, relató un trabajador.
Los afectados señalaron que el despliegue fue desproporcionado frente a una falta administrativa y que se impidió el desarrollo de la función pese a que, afirman, contaban con un permiso tramitado con anticipación.
*Contradicciones y dudas*
La versión oficial sostiene que no había dictamen de Protección Civil ni servicios de emergencia. No obstante, encargados del circo mostraron un permiso firmado por la propia Dirección de Fiscalización, exhibido en taquilla, y cuestionaron por qué se autorizó la instalación si no cumplía con los requisitos.
Hasta ahora, el Gobierno Municipal no ha aclarado si existió una autorización previa, ni bajo qué protocolo se determinó el uso de unidades y personal armado para ejecutar una clausura administrativa.
Tampoco se ha informado si hubo valoración de riesgo para justificar el nivel de fuerza pública utilizado en un espacio con presencia de niñas y niños.