Advierte especialista riesgo de infiltración del narco en elección 2027

“Todos los partidos en Guanajuato tienen líderes coludidos”, David Saucedo

Salamanca, Gto.- Evitar la imposición de candidatos afines a grupos criminales es el principal desafío que enfrentarán las autoridades electorales en México rumbo al proceso intermedio de 2027, advirtió David Saucedo Torres, consultor y especialista en seguridad.

El analista señaló que en Guanajuato todos los partidos políticos tienen al menos un liderazgo que colabora en un esquema de “sinergia político-criminal”, en un contexto marcado por la acusación contra el gobernador de Sinaloa por cargos relacionados con narcotráfico ante un tribunal federal de Estados Unidos.

“Actualmente los carteles de la droga se infiltraron en muchos municipios. Prácticamente todos los partidos políticos tienen alcaldes que colaboran con el narco: PAN, Morena, PRI, MC, Verde, todos absolutamente todos en Guanajuato tienen algún liderazgo importante que colabora en un esquema de sinergia político-criminal”, asentó.

Debido a esta situación, en los pasados procesos electorales, Guanajuato ha registrado jornadas de violencia política, tras los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, principalmente a encabezar Ayuntamientos, Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano de Moroleón en 2021; Alejandro Lanuza Hernández, aspirante del PAN en Salvatierra en 2023, y Gisela Gaytán, candidata de Morena en Celaya en 2024.

La advertencia se da en un escenario donde la violencia política y las acusaciones de nexos con el narcotráfico han alcanzado a gobernadores y alcaldes, por lo que sin filtros efectivos para evitar candidaturas ligadas a grupos delictivos, el consultor determinó que el proceso 2027 corre el riesgo de profundizar la “sinergia político-criminal” que ya opera en municipios de Guanajuato.

Finalmente señaló que esta responsabilidad, recae en las autoridades electorales, los partidos y la ciudadanía para exigir perfiles limpios y romper el pacto de impunidad que permite la infiltración del crimen en la vida pública.