Acámbaro, Gto.– El conflicto por el Acueducto Solís–León ha elevado la tensión en el sur de Guanajuato. El proyecto busca trasladar agua desde la presa Solís hacia León, pero comunidades campesinas y pesqueras de Acámbaro, Jerécuaro y Salvatierra temen afectaciones en el abasto local. Aunque el gobierno estatal asegura que no habrá impacto negativo, los pobladores exigen transparencia y consulta pública.
En este escenario, el regidor morenista Julio César Vega Malindo ha tomado un papel protagónico al respaldar las protestas contra la obra. Exjefe de Comunicación Social municipal (2018–2021), el funcionario se ha posicionado como defensor del agua y crítico del gobierno panista encabezado por la alcaldesa Claudia Silva Campos.
Sin embargo, el tema ha escalado políticamente. En un video difundido recientemente, un delegado local acusó que personas vinculadas a Morena estarían incitando a la violencia durante las manifestaciones en la presa Solís, lo que ha generado preocupación entre autoridades y habitantes.
A la par, fuentes del Ayuntamiento señalan que Vega Malindo mantiene vínculos con personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA). En la cuenta pública de 2022 aparece su nombre con un registro de $213,974 pesos, sin especificar el concepto del pago, lo que ha despertado dudas sobre posibles intereses detrás de su activismo.
Mientras algunos ven en el regidor a un portavoz de las comunidades, otros lo acusan de aprovechar el conflicto para ganar protagonismo político rumbo a futuras contiendas.
El caso evidencia cómo en Acámbaro el debate por el agua se ha convertido en un campo de confrontación política, donde los límites entre la defensa ciudadana y la estrategia partidista se vuelven cada vez más difusos.