El presunto robo de información a la Fiscalía General del Estado no solo abrió un frente digital, sino también una brecha de confianza institucional que aún no se logra cerrar. Mientras un grupo de hackers asegura haber extraído cientos de gigabytes de datos confidenciales, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste mantiene una postura que oscila entre la negación, la minimización y el silencio selectivo.
Aunque la Fiscalía niega un daño real, diversos indicios dentro de la propia institución revelan que en los últimos días se habrían registrado fallas en plataformas de consulta, retrasos en sistemas internos y alteraciones en procesos que normalmente operan de forma automática.
Personal operativo, abogados y usuarios frecuentes afirman que varias áreas trabajaron de manera intermitente y que, ante la falta de estabilidad tecnológica, algunos trámites volvieron temporalmente al formato manual.
El grupo responsable del presunto ataque afirma haber sustraído bases de datos completas, documentos personales, imágenes, identificaciones y archivos internos relacionados con investigaciones en curso. También aseguran haber vulnerado subdominios, eliminado respaldos y dejado evidencia técnica del acceso.
Si esto es cierto, el impacto podría abarcar carpetas de investigación, datos de víctimas, denuncias, comunicaciones internas y archivos administrativos.
En declaraciones recientes, Gerardo Vázquez Alatriste insistió en que no hubo hackeo alguno y aseguró que el volumen de información presuntamente extraída es insignificante, calificando la cifra como algo “mínimo” o “irrelevante”.
Sin presentar un informe técnico detallado ni permitir acceso a una auditoría independiente, su postura ha generado mayor incertidumbre que tranquilidad.
Para una institución cuyo deber es garantizar la integridad de los datos más sensibles del sistema de justicia, la falta de claridad se convierte en un problema por sí misma.
Mientras en otras entidades federativas ataques cibernéticos similares han detonado protocolos públicos, comunicados oficiales y reportes técnicos, en Guanajuato el discurso se redujo a una sola línea: “No hubo afectación”.
La omisión de información se ha interpretado como un intento de controlar daños, más que como una acción de transparencia.
El posible acceso a datos sensibles preocupa especialmente a litigantes y defensores, quienes señalan que la exposición de información podría poner en riesgo a víctimas, testigos o personas involucradas en carpetas abiertas.
Además, una filtración de esta magnitud podría comprometer investigaciones activas, al revelar líneas de trabajo, nombres de agentes o estrategias operativas.
El episodio ha encendido alarmas en sectores profesionales que se dedican a la seguridad digital.
La supuesta extracción de información y el señalamiento de fallas en respaldos apuntan a debilidades profundas: infraestructura obsoleta, falta de monitoreo especializado y protocolos que no responden a los estándares actuales.
En este contexto, la negación pública parece menos una conclusión técnica y más un posicionamiento político.
Lo que comenzó como un presunto hackeo se ha convertido en un examen involuntario de la Fiscalía: una prueba que, por ahora, deja más dudas que certezas.
El manejo de la información, el hermetismo y la minimización del problema colocan a la institución en un punto crítico: o decide enfrentar el tema con transparencia y peritajes serios, o seguirá alimentando la percepción de vulnerabilidad.
