Denuncian amenazas, violencia y más de dos años de impunidad; el legislador sigue en funciones y el caso continúa sin resolverse
El diputado federal por Morena, Ernesto Prieto Gallardo, ha sido acusado por una mujer de abuso sexual, violencia física, psicológica y económica, así como de evadir su responsabilidad como padre de una menor que padece una enfermedad intestinal crónica.
Según la denuncia, los abusos comenzaron en marzo de 2021, cuando la víctima le informó al legislador que estaba embarazada. Su respuesta fue tajante: abortar o atenerse a las consecuencias. A partir de entonces, comenzaron las amenazas, los chantajes y las agresiones, incluyendo intimidaciones telefónicas en las que él la amenazaba con hacerla pasar por “mental y físicamente incompetente” para quitarle a la menor.
Durante más de dos años, el legislador no aportó recursos para la manutención de su hija. Fue hasta septiembre de 2023, luego de un juicio de paternidad, que se emitió un fallo que lo reconoció como padre y le ordenó pagar pensión alimenticia.
Sin embargo, desde que asumió su curul en la Cámara de Diputados en 2024, ha depositado únicamente el equivalente al salario mínimo mensual, una cantidad muy por debajo de lo estipulado judicialmente. Mientras tanto, la menor, quien requiere atención médica especializada, sigue sin recibir el apoyo económico necesario.
La denunciante asegura que ha tocado todas las puertas institucionales, pero no ha recibido justicia. El fuero del diputado ha servido como un escudo de impunidad y, pese al paso del tiempo, no se han tomado acciones concretas contra él.
Llevo más de dos años pidiendo justicia. Nada se ha resuelto. Él sigue en su cargo, protegido por su partido, mientras yo enfrento sola la enfermedad de mi hija y el abandono.
Hasta el momento, ni Morena ni la Cámara de Diputados han fijado una postura oficial. El diputado Ernesto Prieto Gallardo tampoco ha ofrecido declaraciones públicas, pese a la gravedad de los señalamientos.
Cabe señalar que en 2019 el legislador fue expulsado temporalmente de Morena por violencia política de género, aunque logró revertir la sanción tras impugnarla.
Organizaciones feministas han exigido el retiro del fuero y la suspensión inmediata del diputado, además de una investigación seria, imparcial y con perspectiva de género. Han advertido que este caso representa una muestra clara de cómo el poder puede proteger a los agresores mientras las víctimas son silenciadas.
Pese al tiempo transcurrido, las autoridades no han resuelto el caso, y el legislador continúa en funciones como si nada ocurriera. La víctima, sin recursos ni apoyo institucional, enfrenta sola el abandono, la enfermedad de su hija y el peso de una justicia que no llega.
