Autoridades no brindan acompañamiento en procesos de regularización
Salamanca, Gto.- El funcionamiento de centros de rehabilitación se ha convertido en un desafío casi insuperable ante la complejidad, así como el costo de los requisitos legales y administrativos que exigen las autoridades; al respecto Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Unión Estatal de Centros de Rehabilitación, afirmó que los trámites para obtener el uso de suelo, factibilidad y el cumplimiento de las disposiciones de Protección Civil, son barreras significativas para los centros que buscan regularizarse.
“El problema no es que nos pidan cumplir la ley, el problema es que no existe un acompañamiento real para poder cumplirla, la misma autoridad te va alargando la espera, te ponen muchas trabas para las supervisiones, además los requisitos son costosos y complejos, y muchos centros terminan cerrando o quedándose en la informalidad”.
La situación es particularmente preocupante en municipios como Salamanca, donde se han identificado decenas de centros de rehabilitación, pero solo una parte cumple con los lineamientos básicos. A nivel estatal, la mayoría presenta algún tipo de irregularidad, no necesariamente por mala fe, sino por la imposibilidad de cubrir todos los requisitos en tiempo y forma.
La falta de mesas de trabajo, asesoría técnica y esquemas de regularización progresiva ha dejado a muchos centros ante una decisión límite: operar sin estar plenamente regularizados o cerrar sus puertas, aun cuando la demanda de atención por adicciones continúa en aumento.
Para las familias, esta situación representa un riesgo adicional, ya que resulta difícil identificar espacios seguros y regulados para la atención de sus familiares, por lo que la Unión Estatal de Centros de Rehabilitación insiste en la necesidad de una política pública integral que combine supervisión, regulación viable y apoyo institucional, con el objetivo de garantizar espacios dignos y seguros para la rehabilitación.