Desde hace más de 18 meses los alcaldes reforzaron su seguridad por presuntas amenazas mientras aumenta la incidencia delictiva en sus municipios
Salamanca, Gto.- Pese a que sus administraciones cuentan con policías municipales propias, desde hace más de 18 meses siete alcaldes de Morena en Guanajuato mantienen escoltas de la Guardia Nacional, algunos de ellos incluso con servicio de escolta privado como el caso de los ediles de Salamanca, Vale de Santiago y Celaya.
A estos siete ediles de Morena se suma uno de Movimiento Ciudadano y uno independiente, de los cuales cada uno tiene asignados en promedio 14 elementos federales divididos en dos unidades; sumados, superan los 100 efectivos de la Guardia Nacional solo para protección, lo que ha generado una percepción de debilidad de los cuerpos policiales locales, así como la gravedad del contexto de inseguridad que se vive estos municipios de Guanajuato.
César Prieto, al igual que otros munícipes cuenta con escolta privada, por lo que son custodiados por al menos 15 elementos en traslados o asistencia a eventos públicos en zonas donde se han presentado ataques armados en contra de inocentes por parte de grupos criminales, mientras se da un discurso de “esperanza” y de que todo va bien a la población.
Los alcaldes han argumentado que solicitan personal federal porque “confían más” en la Guardia Nacional que en sus cuerpos policiacos locales. Un ejemplo es el edil de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien además declaró que su familia también cuenta con personal de seguridad federal e incluso del Ejército Mexicano.
En tanto, la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Florencia Molina Balver, señaló que ella misma costea parte del gasto de dicha protección al imputarlo a su responsabilidad personal y denunció que ha sido víctima tanto de amenazas externas como de ataques al interior de su administración.
El procedimiento para obtener protección federal establece que, una vez concluida la campaña electoral, el edil debe enviar un oficio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Secretaría de Gobernación, para que se evalúe su nivel de riesgo y se determine si procede la asignación de escolta federal. Cabe señalar que en el proceso electoral pasado, Guanajuato concentró 50 % de las solicitudes de protección a nivel nacional para candidatos y funcionarios.
