A un año del ataque en salamanca aún no hay justicia para las víctimas y sus familias
Salamanca, Gto.- Además de la violencia e inseguridad que enfrentan los anexos, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío reveló que enfrentan una nueva problemática, el cobro de piso, donde les exigen hasta 8 mil pesos a la semana, esto tras las masacres que se han registrado en Salamanca, Irapuato, Dolores Hidalgo y otros anexos de la entidad.
Activistas han señalado que la ausencia de supervisión adecuada en estos establecimientos es un problema crítico que necesita políticas públicas efectivas para asegurar los derechos humanos y mejorar la seguridad pública en Guanajuato.
En lo que va de este 2025 en Guanajuato tres centros de rehabilitación han sido el blanco de la delincuencia organizada; León, San José Iturbide y Dolores Hidalgo son los municipios donde se han dado dichos ataques.
El en Salamanca ataque se produjo el 1 de octubre de 2024, alrededor de las 21 horas un vehículo se estrelló contra el portón del anexo, permitiendo la entrada de los agresores; hombres armados que dispararon indiscriminadamente contra las personas presentes. Esa noche, los servicios de emergencia confirmaron la muerte de cuatro hombres, mientras que cinco heridos fueron trasladados a un hospital cercano.
A lo largo de un año, el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío lamentó que no haya habido más avance en torno al tema, pues autoridades locales y estatales únicamente condenaron el ataque y expresaron sus condolencias a las familias afectadas, tras dar a conocer que los presuntos responsables lograron escapar después de arrojar estrellas ponchallantas para evitar ser perseguidos por la policía y la Guardia Nacional.
