Carpetas suben de 13 a 19 en un mes; organismo estima que casos no denunciados podrían cuadruplicar la cifra oficial y frenar inversión local
Salamanca, Gto.- El delito de extorsión mostró un repunte en Salamanca durante septiembre de 2026. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación pasaron de 13 en agosto a 19 en septiembre, un incremento de seis casos que representa 46.2 por ciento en un mes.
Sin embargo, para el Observatorio Ciudadano Salamanca esa cifra es solo la punta del iceberg. Su presidente, Raymundo Gómez García, advirtió que el miedo a denunciar y la desconfianza en las autoridades impiden conocer la dimensión real del delito.
“Yo estimo que esta cifra negra son cinco veces, cuatro veces más de lo que es”, expresó Gómez García durante la presentación del reporte de incidencia delictiva, al aclarar que se trata de una apreciación basada en su experiencia y no de una medición estadística comprobada.
El representante del organismo señaló que han atendido casos en los que las víctimas prefieren no acudir al Ministerio Público por temor a represalias o a la filtración de su información. Relató incluso el caso de una persona que decidió salir del municipio y solicitó acompañamiento de autoridades estatales y resguardo policial para su traslado.
“Hay un miedo o hay un tema de desconfianza”, sostuvo, al subrayar la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y generar condiciones que permitan denunciar con seguridad.
*Impacto en comercio e inversiones*
Más allá de la estadística, Gómez García advirtió que la extorsión está afectando directamente la actividad económica local. Comerciantes y empresarios, dijo, enfrentan temor ante posibles amenazas, lo que inhibe la apertura de negocios y la llegada de nuevas inversiones.
A su juicio, la economía salmantina no depende solo de sus grandes centros de trabajo, sino de la capacidad de los negocios locales para mantenerse, crecer y generar empleo. Por ello, cuestionó que se destinen recursos a grandes proyectos de desarrollo comercial sin priorizar la seguridad.
En ese contexto, se refirió al proyecto del Distrito Comercial, con una inversión estimada en alrededor de 526 millones de pesos, y planteó que parte de los esfuerzos públicos deben redirigirse al equipamiento policial, la instalación de cámaras de videovigilancia y la capacitación de los elementos.
“De nada sirve atraer inversión si no se garantiza que los negocios puedan operar sin miedo”, concluyó.