Autoridades municipales y representantes del sector comercio han señalado la presunta participación de grupos de personas de origen colombiano y venezolano en esquemas de extorsiones y robo patrimonial.
Salamanca, Gto.- Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) implementó un operativo de verificación de situación migratoria en el acceso y salida del fraccionamiento Arboledas de Ciudad Bajío, en Salamanca, luego de denuncias constantes de habitantes sobre presuntas extorsiones y otras actividades delictivas que atribuyen a personas de procedencia extranjera.
Durante el operativo se inspeccionaron vehículos particulares y unidades de transporte privado para revisar la documentación que acredita la estancia legal en el país. En caso de no acreditarla, se inicia el Procedimiento Administrativo Migratorio correspondiente.
Sobre la participación de extranjeros, autoridades municipales y representantes del sector comercio han señalado de manera recurrente la presunta participación de grupos de personas de origen colombiano y venezolano en esquemas de préstamo “gota a gota” que han derivado en extorsiones y robo patrimonial.
En mayo de 2025, el vicepresidente de la Fecanaco en Guanajuato, Francisco González Mijes, indicó que comerciantes salmantinos reportaron ser víctimas de estos grupos, en algunos casos vinculados con células locales, en este sentido reconoció que Salamanca vive una “situación de violencia grave”, por el incremento de secuestro y extorsión.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Paz del Estado, Juan Mauro González Martínez, afirmó recientemente que, con base en detenciones e investigaciones, la mayoría de las personas que cometen extorsión en Salamanca provienen de otras regiones y no son originarias del municipio.
La intervención ocurre en un contexto de alta incidencia del delito de extorsión en el municipio; de acuerdo con el Monitor de Seguridad de Coparmex, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Salamanca encabeza la lista estatal con una tasa de 18.3 casos por cada 100 mil habitantes en el primer trimestre de 2026, por encima de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Irapuato y Celaya.
Sin embargo, el INM ha informado que estos operativos de verificación son de carácter preventivo y regulatorio, y no constituyen acciones de persecución penal, por lo que en caso de detectar la presunta comisión de un delito, se da vista a las autoridades competentes.