Documentación oficial en poder de diversos medios de comunicación revela que en la partida presupuestal 3852, correspondiente al segundo trimestre de 2025, se registró la adquisición del medicamento Rybelsus (semaglutida oral), un fármaco de alta especialidad cuyo precio por caja oscila entre 2,800 y 4,500 pesos, dependiendo de la dosis.
El dato ha generado cuestionamientos públicos debido a que la compra aparece vinculada al entorno administrativo relacionado con la Hades Aguilar, legisladora local por Morena, partido que ha hecho de la austeridad republicana y del combate a los privilegios uno de sus principales discursos políticos.
Un medicamento que no es de uso común
Rybelsus no es un fármaco de uso general. Se trata de semaglutida oral, indicada principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y que en años recientes ha ganado notoriedad por su uso alternativo para control de peso, lo que ha incrementado su demanda y costo en el mercado.
Especialistas señalan que no es un medicamento que forme parte del cuadro básico, por lo que su adquisición con recursos públicos requiere justificación médica, administrativa y presupuestal plenamente documentada.
Hasta el momento, no existe una explicación pública clara que detalle:
El destino específico del medicamento.
El número de cajas adquiridas.
La justificación clínica o institucional.
Si la compra fue para uso individual o para algún programa de salud.
La ausencia de información alimenta la percepción de opacidad, especialmente en un contexto donde Morena ha señalado reiteradamente a gobiernos anteriores por el uso discrecional de recursos públicos.
La revelación resulta particularmente sensible porque ocurre mientras legisladores de Morena continúan exigiendo recortes, sacrificios y disciplina presupuestal a otras áreas del gobierno, así como a municipios y dependencias con carencias evidentes en servicios básicos.
Para analistas políticos, este tipo de casos erosiona la credibilidad del discurso de austeridad.
Organizaciones civiles y voces ciudadanas ya comienzan a exigir que la diputada aclare públicamente su relación con la partida presupuestal 3852, y que se transparente el expediente completo de la adquisición.
Porque en un proyecto político que prometió ser distinto, la congruencia no debería ser opcional.
